El gobierno salvadoreño durante la emergencia por la pandemia del COVID-19 habría evadido algunas responsabilidades establecidas en el decreto legislativo #608, que buscaban garantizar el buen uso de recursos donados al país.
Entre las conclusiones del informe parcial de la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa se señala al Órgano Ejecutivo como responsable de realizar acciones irregulares en la atención y prevención de la pandemia de COVID-19; al Ministerio de Obras Públicas por no cumplir con el plazo de entrega de las instalaciones del nuevo Hospital El Salvador; y se denuncia el desembolso de dinero a un familiar del ministro de Salud, por servicios no prestados, entre otros.
Las autoridades del Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI) y del Centro de Atención de Adultos Mayores “Sara Zaldívar” descalificaron el informe presentado recientemente por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) que advierte de varios contagios y decesos al interior de este centro de atención de personas de la tercera edad, durante la cuarentena estricta.
Funcionarios de la administración Bukele siguen evidenciando ante una comisión especial del Congreso, el manejo inadecuado de la crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19, que a la fecha ha dejado gastos millonarios, así como atropellos a los derechos humanos de la población.